En este sentido, la portavoz de Empleo, Rocío de Frutos, señaló que “vamos a intentar mantener la ley en los términos en los que está redactada” y que presentaron los socialistas, ya que, según ellos, “el PP, con sus enmiendas, pretende convertir la prestación en una prestación no contributiva”.

Esto implicaría “una menor cuantía para los menores afectados” y “transformar la naturaleza jurídica de la prestación”, ya que “no es igual que sea una prestación contributiva con cargo a la Seguridad Social, o que sea no contributiva, con lo que estaría vinculada a vaivenes económicos y presupuestarios”.

La iniciativa comienza a tramitarse hoy en la Ponencia del Congreso de los Diputados y, de aprobarse, sería la primera legislación fruto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Hay muchos menores esperando que estas prestaciones les permitan vivir con dignidad”, señaló la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.

La Fundación Mujeres estima que desde 2005 existen más de 500 familias con huérfanos de la violencia machista, mientras que sólo en 2017 hubo 26. Estas víctimas del machismo “no están recibiendo una pensión adecuada; están recibiendo unos 190 euros”, según la entidad.

De hecho, incluso se habrían denegado pensiones en casos en los que la madre asesinada cotizó menos de 15 años. En los mejores casos, las familias que se hacen cargo de los huérfanos de la violencia machista perciben unos 600 euros mensuales, pero se debe a un añadido de pensión que responde a la anulación de la pensión de viudedad para los hombres que mataron a sus mujeres, algo que se aplica desde 2015.