Así consta en la proposición de ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, suscrita por los grupos Socialista y Popular en el Congreso de los Diputados.

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, el diputado José María Benegas (PSOE) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP), explicaron el contenido de esta proposición de ley y su objetivo: evitar la participación en las instituciones de aquellos que tienen fines antidemocráticos.

Benegas (PSOE) señaló que desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos el entorno de ETA ha echado “mucha imaginación” para buscar los “subterfugios” que le permitan “evitar la finalidad” de dicha normativa.

Ahora, la “experiencia acumulada” por el Estado de Derecho se aglutina en esta modificación de la Ley de Partidos que proponen PSOE y PP para intentar cerrar “posibles vías” con las que el entorno de ETA pueda burlar la ley.

“Espero que estemos ante el final del terrorismo” y que el entorno de ETA sepa que “se rechaza la violencia de forma clara y contundente y ETA desaparece o no es posible la participación en las elecciones”, dijo Benegas para quien “no caben más ambigüedades”.

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Bermúdez dijo que la modificación legal propuesta “es un paso adelante muy importante de defensa de la democracia frente a los que justifican la violencia para conseguir sus objetivos políticos”.

DERECHO A LA PAZ

Tras recalcar que la Ley de Partidos fue una norma de “fortalecimiento democrático”, Bermúdez afirmó que “la paz es un derecho de toda sociedad” y que la modificación no busca sólo “ilegalizar partidos”, “sino evitar que quienes están en connivencia con el terrorismo accedan a las instituciones”, porque la democracia no puede cobijarlos.

A su juicio, ETA “siempre ha necesitado un partido que justifique su existencia” y la Ley de Partidos le hizo mucho daño, pues con ella “perdió su altavoz de propaganda”. “Sabemos que ETA va a intentar por todos los medios presentarse a las elecciones”, advirtió Bermúdez, tras lo que añadió que “la democracia no acepta ni desafíos ni chantajes” y que “a los chantajes en democracia se les contesta con más democracia, con la ley, con nuevos instrumentos jurídicos”.

El texto suscrito por PP y PSOE propone que “quedarán incursas en causa de incompatibilidad las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia firme”.

“La incompatibilidad surtirá efecto en el plazo de 15 días naturales, desde que la Administración electoral permanente comunique al interesado la causa de incompatibilidad, salvo que éste formule, voluntariamente, ante dicha Administración, una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad del partido en cuya candidatura hubiere resultado electo”, añade el texto.

De esta forma, explicaron en la rueda de prensa, se evitarán casos como el de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, de ANV, que no condena la violencia y no hay forma de privarla de su cargo, más que mediante una moción de censura que no es posible por carecer de apoyos suficientes.

Otra de las modificaciones importantes propuestas por PSOE y PP consiste en que la prohibición de presentar candidaturas por parte de agrupaciones de electores que vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, se extienda a partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos.