Según informó la Policía, los agentes revisaron tres expedientes, siendo investigadas siete personas físicas y ocho mercantiles, de las que resultaron implicadas siete de ellas por un fraude de 2.596.627,07 euros al sistema de Seguridad Social. Los principales responsables de los delitos resultaron ser los administradores mercantiles, testaferros o personas de su entorno familiar.

Los agentes comenzaron su investigación a principios de este año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta investigación se inició tras detectar numerosos casos en los que varias empresas dedicadas a la explotación hotelera habían dejado de pagar las cuotas de los trabajadores, presuntamente con ánimo defraudatorio y de apropiación indebida.

BIENES OCULTOS Y EMPRESAS PANTALLA

Confirmados estos datos, la Policía coordinó un dispositivo policial en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en Maspalomas y Puerto del Rosario (Fuerteventura), que culminó con la detención de los investigados por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

Las personas implicadas disponían de bienes ocultos a través de terceras personas o empresas pantalla, con el fin de evitar la ejecución de los bienes localizados, logrando evitar de esta forma que la Tesorería o el juzgado pudieran solicitar su embargo.

Además, tal y como explicó la Policía, los implicados utilizaban diferentes ardides con el fin de traspasar la carga económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, utilizando siempre, pese a los cambios de nomenclatura de las sociedades, los mismos centros de trabajo y medios de producción.