Así lo pone de manifiesto el informe 2017 sobre el sector elaborado por la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo (Congde), que recoge información sobre las 76 entidades miembro y las 17 federaciones autonómicas.

Presentado este viernes en Madrid, el informe subraya que la financiación total de las ONG en 2016 había caído un 16% en 10 años.

Según sus resultados, las aportaciones económicas privadas aumentaron más del 44% desde 2012, con una subida del 25% en el número de colaboradores (hasta los 2,3 millones de euros), mientras que en el periodo 2012-2016 los fondos públicos apenas crecieron un 2%.

El problema es que esta leve subida llega tras 10 años de caída de las subvenciones públicas, con un descenso del 73% en la ayuda oficial entre 2009 y 2015.

De hecho, los fondos privados obtenidos en 2016 ascendieron a 327,65 millones de euros, frente a los 235,74 millones de fondos públicos. Entre 2008 y 2013 se perdieron 2.400 empleos en el sector y, aunque desde 2013 se han recuperado más de 1.000, aún se está lejos de las cifras de 2008.

En total, el sector de las ONG obtuvo 563,38 millones de euros en 2016, un 16% menos que hace una década. Con esta cantidad, las ONGD realizaron 3.646 proyectos en 105 países.

Según la Congde, el 77% de los recursos se destina a proyectos de desarrollo o de acción humanitaria en los países en los que trabajan las ONG, sobre todo en África subsahariana, América del Sur y el Caribe. De ellos se benefician 35 millones de personas de forma directa o indirecta.

El 23% restante se ejecuta en España, en campañas de educación para la ciudadanía global (6%), captación de socios y donaciones (8%), mantenimiento de estructura (7%) y otros (2%).

En la presentación del informe, el presidente de la coordinadora, Andrés Amayuelas, subrayó que el 96% de la población española considera importante apoyar a las personas en los países en desarrollo.

Según el Eurobarómetro de 2017, el 78% de las personas encuestadas en España piensan que luchar contra la pobreza en estos países debería ser una de las principales prioridades de la UE, y un 62% defiende esto mismo para el Gobierno español. Es el resultado más alto de todos los países europeos.