La APM requiere a los servicios jurídicos de las Cortes Generales, que han recibido el encargo por parte de la presidenta del Congreso y de la Mesa del Senado para garantizar que todas la condiciones y requisitos contenidos en el acuerdo y en el reglamento que lo desarrolla cumplen en todos sus términos la legalidad, que trabajen “con la mayor celeridad posible”.

El retraso implica, a juicio de la APM, “dañar al prestigio de sus excelentes profesionales y perjudicar el crédito del propio ente público”, informó en un comunicado en el que señala al PP por su “falta de voluntad” para “hacer realidad el acuerdo adoptado”.

Por último, concluyó que “en las actuales circunstancias políticas que vive nuestro país, resulta más necesaria que nunca la existencia de una RTVE sólida, imparcial, profesionalmente independiente y sin las graves tensiones internas que ahora se registran para que pueda cumplir adecuadamente el servicio público que tiene encomendado”.