El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ha acreditado en su informe final que Mas ordenó hasta diez operaciones de pago de dinero público con cargo a las arcas del Gobierno autonómico e incluso a las de la Administración central, al cargar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) una de las facturas. En total, habría autorizado el uso de 4,99 millones de euros de dinero público en el 9-N.

El fiscal quiere que se condene al expresidente catalán y a sus subordinados a devolver el dinero con intereses y al pago de las costas del procedimiento judicial. Junto a Mas figuran entre los demandados los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. También están Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Jaume Domingo i Planas, Ignasi Genovés i Avellana, Jordi Vilajoana i Rovira y Teresa Prohias Ricart.

El ministerio público les considera “responsables contables directos” de los gastos de la consulta. Además, la demanda destaca que, en ningún momento, estuvo en el ánimo de los demandados desactivar la votación del 9-N acordada por decreto del presidente de la Generalitat de 27 de septiembre, y suspendida por el Tribunal Constitucional, mediante providencia de 29 de septiembre de 2014.

Mas, que fue condenado por celebrar esa consulta en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional, tiene embargados de forma preventiva bienes inmuebles por valor de 1,25 millones, y el resto de la fianza que le fue impuesta (2,9 millones) la depositó la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Se da la circunstancia de que se ha detectado una factura abonada por el FLA que fue "la primera factura asociada al gasto de la campaña de publicidad institucional, por un importe de 11.785,78 euros".

Entre los gastos detectados por el Tribunal de Cuentas está el registro de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación, la adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación, la campaña de publicidad institucional, la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la organización de la consulta, el centro de prensa, el envío de información y el diseño de la campaña sobre el proceso participativo.

El Ministerio Fiscal considera que la conducta de los demandados debe calificarse como dolosa contablemente, o, al menos, como gravemente imprudente y solicita que cifren en 4.995.918,34 euros los perjuicios ocasionados a las arcas públicas. Insta a que sean declarados responsables contables directos y solidarios.