Entre los fines y funciones de este organismo estaría "la prevención y la investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho y la prevención y la alerta con relación a conductas del personal al servicio de las entidades públicas que comporten el uso o abuso en beneficio privado de informaciones que tengan por razón de sus funciones o que tengan o puedan tener como resultado el uso o el destino irregular de fondos públicos o de cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico".

También "investigar los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados de la investigación, instar la incoación de los procedimientos que corresponda para depurar las responsabilidades que pudieran corresponder. La iniciativa defiende la necesidad de crear una agencia de este tipo porque “no queda ninguna duda de que la corrupción en la Comunidad es sistémica”.

“Hemos visto que la Guardia Civil y los jueces ha entrado en casi todas las consejerías y empresas públicas y tenemos que poner fin a esto”, señaló Ongil, quien destacó que la Comunidad no cuenta con ningún órgano dedicado a combatir la corrupción.

Indicó que otra de las funciones de la citada agencia es la protección de los denunciantes de corrupción y explicó que esta iniciativa es una copia de las agencias de este tipo ya existentes en Valencia y Baleares, que salieron adelante con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

Dijo que espera que el PSOE y Cs apoyen esta iniciativa y añadió que les “ofrecemos que se sumen a hacer un cordón sanitario a la corrupción”. La proposición plantea que la citada agencia dependa de la Asamblea y que esté al frente de la misma una “persona de prestigio reputación intachable”.