La propuesta se debatirá en la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y en su fundamentación Ciudadanos recuerda que en julio de ese año el Gobierno estableció nuevas medidas adicionales para garantizar en Cataluña "la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las leyes".

Poco después el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explicaba esas medidas en el Parlamento y aseguró que el Estado garantizaría que "ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat" fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica y la estabilidad presupuestaria, incluido el pago a proveedores.

Sin embargo, prosigue Ciudadanos, informaciones periodísticas apuntan a que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, no ha facilitado a Hacienda expedientes de gastos de 2017, de forma que no se puede verificar si ese organismo financió con dinero público la consulta de octubre. Además, hay otros ejemplos de "abundantes recursos derrochados en este golpe fallido a la democracia", como los anuncios en TV3 en horario de máxima audiencia o portales de Internet convocando e informando sobre la consulta, y también el propio desplazamiento de Carles Puigdemont y varios consejeros para evitar comparecer ante la Justicia española.

Ciudadanos considera "evidente" que la Generalitat "reunió, organizó y destinó cuantiosos recursos a la organización" de esa consulta, pero "no resulta tan claro" el origen de esos fondos y si pudieron ser públicos "distraídos a una finalidad distinta de la permitida", y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el juez instructor aprecian "indicios de malversación".

Al margen de que se puedan dirimir responsabilidades penales, Ciudadanos considera necesario que el Parlamento, a través del Tribunal de Cuentas, fiscalice el funcionamiento de los controles de la legalidad en le gasto público durante la anterior legislatura en Cataluña, entre 2015 y 2017.

En la propuesta, pide que el informe de fiscalización abarque todas las consejerías y los organismos autónomos y sociedades mercantiles públicas, iniciándose al menos el 26 de octubre de 2015, cuando Carme Forcadell fue elegida presidenta del Parlamento de Cataluña, hasta el 21 de diciembre de 2017, cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas.