Uno de los jueces, Ricardo González, emitió un voto particular discrepante en el que alegó que los jóvenes debían ser considerados inocentes porque la víctima no había expresado una negación explícita y que la ausencia de un “no” y de resistencia física significaban que la relación tuvo que ser consentida.

La responsable de Campañas sobre Mujeres de Amnistía Internacional, Mónica Costa, indicó que “los comentarios realizados por el juez discrepante muestran un alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima”. “Sus argumentos agravan aún más los daños causados por la sentencia y demuestran una preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así”, añadió.

“Esta sentencia muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación y están agravando su trauma en España. Al sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados, transmite un peligroso mensaje. La ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque”, precisó.

Costa indicó que “la sentencia arroja luz sobre la injusticia que se produce cuando las definiciones de violación están desfasadas y van por detrás de las normas internacionales”, según las cuales las relaciones sexuales no consentidas son violación. “Hasta ahora, nueve países de Europa han revisado sus definiciones de violación basadas en la ausencia de consentimiento, en lugar de en el uso de la violencia. Como ha quedado dolorosamente patente en este caso, España no es uno de esos países”, agregó.

Por ello, Costa recalcó que “se necesita urgentemente una reforma de la definición jurídica de violación”, si bien apuntó que “sigue habiendo otros obstáculos en el acceso de las mujeres a la justicia cuando han sido violadas”.

“Entre ellos se encuentran los estereotipos y las actitudes negativas entre jueces, abogados y policías sobre las mujeres, las niñas y las víctimas de violación. La reforma legal debe ir acompañada de una acción nacional para abordar los prejuicios, la culpabilización de la víctima, los estereotipos y los mitos, manifestados a menudo por los mismos funcionarios encargados de prevenir las violaciones y permitir el acceso de las supervivientes a la justicia”, dijo.