Estas mismas fuentes especifican que de haber existido actuaciones disciplinarias anteriores, relativas a sus 32 años de carrera, esos antecedentes estarían cancelados, según lo dispuesto en el artículo 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El citado precepto establece que las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expediente personal del juez, con expresión de los hechos imputados. “La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción”.

De igual modo, establece que “la anotación de las restantes sanciones, con excepción de la de separación, podrá cancelarse, a instancia del interesado y oído el Ministerio Fiscal, cuando hayan transcurrido al menos uno, dos o cuatro años desde la imposición firme de la sanción, según que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción”, por lo que “la cancelación borrará el antecedente a todos los efectos”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este lunes que el CGPJ podría haber ejercido su “potestad disciplinaria” contra el magistrado que emitió en la sentencia de ‘La Manada’ un voto particular a favor de la absolución de los acusados de abuso sexual.

En declaraciones a la Cope el titular de Justicia aseguró que en “todos saben que es una persona que tiene algún problema y una situación singular, que el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Creo que eso se podría haber evitado. Me sorprende que el Consejo no actúe”, aseguró.

Català no ha especificado exactamente cuáles han sido esos problemas, y aunque no hay ya registro de posibles expedientes, fuentes del CGPJ indicaron a Servimedia que el juez habría sido expedientado por retrasos en su actuación jurisdiccional.