Así lo dijo Escolano en rueda de prensa tras la reunión del Ecofin en Sofía (Bulgaria) en la que participó.

El ministro se refirió al nuevo impuesto a las empresas tecnológicas que ayudará a financiar las pensiones en España y que fue anunciado ayer, viernes, por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Escolano señaló que el departamento que dirige Montoro “está empezando a trabajar desde el punto de vista técnico en la definición de esta nueva figura a la mayor brevedad” y que pueda ser tramitada “lo más rápido posible”.

La intención del Gobierno es que durante este año se produzca la revisión de la propuesta y que pueda tener efectos a partir de 2019.

En este sentido, Escolano apeló al “mayor consenso posible” por parte de los grupos parlamentarios cuando se produzca la tramitación de esta medida.

El titular de Economía defendió que el nuevo tributo responde a la adaptación del sistema a la realidad, puesto que las empresas de la nueva economía se encuentran entre las principales compañías mundiales de mayor capitalización y “no tiene sentido que la tributación solo recaiga en la llamada vieja economía”.

En esta línea, agregó que esta postura de España es apoyada por la mayoría de estados miembros.

Precisamente, el Ecofin ha analizado la implantación de un impuesto a las transacciones electrónicas, sobre la fiscalidad de la economía digital, y en este punto, “España defiende que se debe avanzar en el marco de la Unión Europea, en el diseño de la solución a largo plazo”.

Además, destacó que ese tipo de impuestos existen ya en países como Italia, Francia o Alemania.

Por otra parte, señaló que la subida de las pensiones en línea con el IPC este año y el próximo no supone revertir la reforma de pensiones de 2013, sino que “se hace una remisión al Pacto de Toledo” para que analice la sostenibilidad del sistema de pensiones y diseñe fórmulas en esa línea. Si no fuera posible el acuerdo, dijo que el Factor de Sostenibilidad se aplicará en 2024.

En cualquier caso, reiteró que “no hay un cambio en el objetivo de la reforma de 2013”.