Así se expresó este jurista, que ejerció la primera defensa de uno de los condenados, en declaraciones a Servimedia. A su juicio, si el Ministerio de Justicia –tal y como ha anunciado el Ejecutivo- estudia la conveniencia de revisar estos delitos “se merma el Estado de Derecho” porque “parece que sólo oye a la calle en lugar de a la ley”.

En concreto, el Gobierno ha solicitado un informe a expertos del Ministerio de Justicia tras la sentencia del caso de 'La Manada' para conocer si el delito de violación “está convenientemente reflejado”, después de que la Audiencia de Navarra condenara a los cinco implicados por un delito de “abusos sexuales continuados” y no de violación.

Luis Romero, que además de presidir la Asociación de Abogados Penalistas fue abogado defensor en un principio de Jesús Escudero –uno de los integrantes de ‘La Manada’-, aseguró que “no hay que modificar nada en absoluto” y que “yo tuve oportunidad de ver los vídeos como 20 veces” y “no hubo agresión sexual”.

Justifica su postura en que la víctima no habría mostrado oposición, aunque no quiso responder a la pregunta de si mantenía una actitud participativa en los hechos. “Yo no vi ni violencia ni intimidación”, sostuvo, por lo que se mostró partidario de la “absolución” de los cinco condenados.

“ERROR MUY GRAVE”

Además, lanzó una advertencia al Gobierno porque “está incurriendo en un error muy grave por legislar a golpe de titular”, y eso sería “inmiscuirse en la independencia de la Justicia”, añadió.

La Audiencia de Navarra condenó ayer a ‘La Manada’ a nueve años de cárcel y considera los hechos “abusos sexuales continuados” y no violación en grupo, algo que provocado que se anuncie recurso tanto por parte del fiscal como del Gobierno navarro y el Ayuntamiento de Pamplona, que no están conformes con el fallo.

El fiscal pedía 22 años, la acusación 25 y los movimientos feministas una condena “ejemplar”. Finalmente, los magistrados optaron por condenar a Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza a nueve años de cárcel y cinco de libertad vigilada, al margen de las indemnizaciones y la pertinente orden de alejamiento.

La diferencia entre las penas que se solicitaban y las que finalmente han sido impuestas radica en la interpretación de los hechos por parte de los jueces, que han descartado la violación grupal y sólo aprecian abusos sexuales, al entender que la víctima no habría opuesto resistencia. Según explicó ella misma, porque estaba en shock y sólo quería que la agresión concluyera lo antes posible.