Así se recoge en el tercer 'Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental en España 2017' elaborado por la asesoría jurídica y por el comité jurídico de la federación.

Según sus conclusiones, en España se producen graves abusos y vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental, que afectan sobre todo a las mujeres y, dentro de estas, a las víctimas de violencia de violencia de género. También pone de manifiesto la ausencia de protocolos de actuación generales y de normas mínimas a nivel estatal.

Como ejemplos de vulneraciones de los derechos humanos del colectivo, el trabajo recoge el fallecimiento de varias personas a las que les habían aplicado contenciones mecánicas en hospitales psiquiátricos de Asturias y Galicia, así como la falta de asistencia psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Asimismo, critica la falta de adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la desconsideración de la doble vertiente social y sanitaria que tiene esta materia y la carencia de garantías para que la persona ingresada acceda a la justicia en igualdad de condiciones.

LAS MUJERES, DOS VECES DISCRIMINADAS

Denuncia también que “la perspectiva de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental”, lo que afecta de forma especial a las víctimas de la violencia machista.

A pesar de que tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido este tipo de violencia, todavía no existen recursos de acogida específicos para ellas, agrega.

"Las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el que se cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas, bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud", asegura Irene Muñoz, asesora jurídica de esta organización.

"Por lo tanto, estas mujeres se encuentran desprotegidas y excluidas de los recursos, incluso en las ocasiones en las que se constata la violencia", agrega.

A esto se añade que "a muchas mujeres y niñas con trastorno mental se les priva de su derecho a fundar una familia y se llega incluso a dañar su integridad corporal".

Según el informe, prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo (sin su consentimiento) continúan vigentes en España, efectuándose bajo el paraguas de “lo que es mejor para ellas”.