El portavoz de Economía y Hacienda de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, denunció este acuerdo como producto de un error del Gobierno municipal por no haber pagado el año pasado esta indemnización consecuencia de una sentencia judicial de abril de 2017, en tanto que la del PSOE, Érika Rodríguez Pinzón, criticó la “imprevisión” del Ejecutivo, pero recordó que el origen es una expropiación obligada por las obras de la M-30.

El del PP, José Luis Moreno, reprochó que, si la indemnización se hubiera pagado con la llamada cuenta 413 que habilitó la anterior interventora del Ayuntamiento para el pago de sentencias judiciales, el montante se habría pagado con cargo al remanente de tesorería y por tanto sin computar en la regla de gasto y sin necesidad de inmovilizar dinero del presupuesto.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, contestó que, si se hubiera pagado el año pasado, se habría incumplido la regla de gasto y habría que haber inmovilizado el mismo dinero para 2018, y que, al preguntar al Ministerio cómo se podía pagar esta indemnización por la expropiación, éste aseguró que no se podía pagar con remanente.

A Redondo no le aclaró cómo afectará al parque tecnológico de Valdemingómez el recorte de más de dos millones que supone para él esta inmovilización de crédito, sino que se limitó a decir que continuarán las inversiones como hasta ahora. Otro recorte consecuencia de esta inmovilización que mencionó el portavoz de Ciudadanos fue el de 22 millones al plan Mad-re para rehabilitar viviendas con subvención municipal.