Madrid
Ciudadanos pide modificar el acceso al empleo público de los psicólogos forenses que trabajan en Justicia
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El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Juan Trinidad ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento autonómico que insta al Gobierno regional a “modificar el régimen de acceso al empleo público para los psicólogos forenses que presten sus servicios a la Administración de Justicia, estableciendo un procedimiento reglado que garantice su selección especializada y su carrera, sobre la base de los criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, para establecer un justo equilibrio entre sus derechos y responsabilidades como empleados públicos”.
Ciudadanos propone “modificar los procesos de provisión interna de vacantes, de selección de personal laboral permanente de nuevo ingreso, así como de contratación mediante Oferta de Empleo Público de psicólogos forenses, de manera que se garantice suficientemente una asistencia realmente especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia, personas con discapacidad y, en general, a todos los ciudadanos”.
Asimismo, insta a la Comunidad a “prever los instrumentos legales que faculten a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid para la planificación y ordenación de sus efectivos y la utilización eficiente de los mismos, garantizando una retribución acorde a la responsabilidad, importancia y complejidad del trabajo que desempeñan los psicólogos forenses al servicio de la Administración de Justicia”.
El autor de la iniciativa expone en la proposición no de ley que “es claro reflejo de la importancia de la labor de asesoramiento de la psicología forense a tribunales y fiscalías, el trabajo que en la actualidad desempeñan con un alto grado de especialización en materia de familia, discapacidad, menores, violencia sobre la mujer y asistencia a víctimas, tanto en las clínicas médico-forenses, como en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Familia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y en la Audiencia Nacional”.
A su juicio, se consolida de esta manera la psicología en su vertiente de praxis forense, como una verdadera especialidad, absolutamente necesaria e imprescindible, pues garantiza en aquellas materias propias de su disciplina profesional, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
Asimismo, relata que desde la entrada en vigor del Real Decreto 1429/2002, de 27 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, la relación de servicios profesionales y retribuidos por cuenta de la Administración a los psicólogos forenses se realiza empleando la figura del personal laboral y de la contratación temporal, a pesar de que con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración se atribuyen a los funcionarios (principio de reserva general), y la excepción, al personal laboral (principio de limitación de los puestos de trabajo en régimen general).
DESPROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO
Ciudadanos afirma que las "consecuencias más directas de esta situación son, por un lado, la desprofesionalización del empleado público, al quedar al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad y, por otro, el incumplimiento de los límites que la legislación establece para las Administraciones Públicas sobre la contratación temporal".
Además, añade el autor de la iniciativa, "la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el personal laboral ante despidos, o las situaciones de interinidad, difícilmente casan con el estímulo a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, no permite proporcionales la formación adecuada a una labor que, para el ejercicio de la psicología forense, requiere una formación especializada, y tampoco les brinda suficientes oportunidades de promoción profesional".
A juicio de Trinidad, “para contar con una Justicia de calidad y garantizar a los ciudadanos que acceden a ella una mayor seguridad, única forma de conseguir que la tutela judicial efectiva sea una realidad, es preciso que en los procesos de provisión de vacantes, selección y contratación de psicólogos forenses, tanto para la adscripción a las unidades de valoración de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como para los equipos técnicos, queden garantizados suficientemente los requisitos de formación específica, experiencia y especialidad en las diferentes áreas de actuación profesional, situación que, en la actualidad, en modo alguno se produce, al no exigirse ningún requisito de formación o experiencia especializada”.
(SERVIMEDIA)
22 Abr 2018
SMO/gja