Así se pronunció Castro durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) referidas a las materias objeto de su competencia.

Castro explicó que el Comité de Derechos Humano de la ONU es un “gran órgano intergubernamental” del que España forma parte. Está compuesto por 18 expertos, algunos de los cuales participan “a título personal”, y no dicta sentencias de obligado cumplimiento al limitarse a hacer observaciones técnicas.

Cuando el comité recibe una comunicación de una persona que alega una supuesta violación de derechos humanos la transmite al Estado parte para que presente las alegaciones oportunas en un plazo máximo de seis meses.

No obstante, ese país dispone de un plazo reducido de dos meses para recurrir la admisibilidad a trámite.

Desde que España forma parte de este organismo, alrededor de dos tercios de las denuncias que se han presentado en su contra no han sido admitidas a trámite.

En la cuestión que afecta a Sànchez, Castro dejó claro que “no se ha admitido a trámite nada. Sólo se ha transmitido a un Estado parte. No ha habido ninguna decisión ni ninguna resolución de la ONU. Eso hay que dejarlo claro”.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores se pronunció de esta manera después de que el abogado de Sànchez sugiriera en su momento que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apoyaba su denuncia e instaba al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos.

Por su parte, Castro comentó que “lamentablemente” las armas químicas “seguirán siendo un problema” para la comunidad internacional, como se puso de manifiesto recientemente en Siria, lo que le permitió abundar en la importancia de la no proliferación.

La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores contará con un presupuesto de 440 millones de euros (-0,36%) y aportará 995.000 a la Red de Casas repartidos de la siguiente manera: 415.000 euros a Casa Árabe, 415.000 euros al Centro Sefarad y 125.000 euros a Casa África.

También destinará 825.000 euros a la protección de derechos humanos, 4.185.760 euros a contribuciones a organismos internacionales y 426 millones a misiones de la ONU.