En una providencia dictada este miércoles, el instructor señala que varios de los procesados han hecho referencia a esas declaraciones durante las declaraciones indagatorias que se han celebrado entre el lunes pasado y hoy para argumentar en contra de la existencia de un delito de malversación.

Dice el magistrado que “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundamenta los alegatos de los procesados “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.