Así se expresó la parlamentaria en la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad, donde compareció Garcés para explicar las cuentas de su área. Como ya ocurrió ayer con la comparecencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, las críticas de la oposición se centraron en el cumplimiento económico del pacto.

La diputada de Podemos Ángela Rodríguez reprochó que “no es cierto que estén los 200 millones de euros”, ya que sólo se incluyen con carácter finalista los 80 correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que la parte de autonomías y ayuntamientos no aparece especificada.

Concretamente, el pacto de Estado imponía una inversión de 80 millones por parte del Gobierno central, 100 millones de autonomías y 20 de corporaciones locales. Joan Olóriz, de ERC, señaló que el proyecto de cuentas se limita a una “edición remasterizada de los presupuestos de 2018”, al tiempo que criticó el Sistema de Financiación Autonómica por “perjudicar” a ciertas autonomías como, a su juicio, Cataluña.

Garcés subrayó que se tratan de los presupuestos “más sociales” y relató partidas presupuestarias como la que implica aumentar la presencia de mujeres en el ámbito científico y tecnológico, que conlleva 350.000 euros para proyectos con universidades politécnicas.

También señaló otros programas de colaboración para la integración social de mujeres con discapacidad víctimas de violencia o campañas de sensibilización. Desde la bancada popular aplaudieron su intervención y precisaron que “siete de cada diez euros del presupuesto van a gasto social”.

El diputado de Ciudadanos Diego Clemente se interesó por las ayudas a afectados por la talidomida, respondiéndole el secretario de Estado que este año se invertirán 20 millones de euros en recursos.

Asimismo, Garcés puso de relieve la introducción de la ‘X Solidaria’ para las empresas en el impuesto de sociedades y estimó que si todas las empresas marcaran el 0,7% para fines sociales, habría 200 millones más para el Tercer Sector.