Así lo aseguró este martes la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para explicar los presupuestos de su departamento.

El aumento es de 800.000 euros para gestionar los más de mil brazaletes geolocalizadores -1.029 activos en el mes de febrero- que portan hombres que cuentan con órdenes de alejamiento por antecedentes de violencia machista. Según desveló El País en el mes de marzo, el concurso público para la gestión de este servicio, en cuyo pliego se requería la renovación de 3.000 pulseras de 2009 casi con los mismos fondos, quedó desierto. La obsolescencia habría hecho que más del 70% de las alertas fueran por fallos técnicos, según el periódico.

Ordóñez también recordó que cada vez más mujeres denuncian violencia de género, con 166.260 denuncias en 2017, lo que calificó de “logro” por la confianza depositada por las mujeres maltratadas para denunciar.

También recordó que en diciembre de 2017 había 6.369 internos en centros penitenciarios implicados en delitos de violencia de género, una cifra sensiblemente mayor a los 6.058 presos por violencia machista con los que cerró 2016.