Lo hizo en la Comisión del ramo a pregunta del concejal del PP Percival Manglano, quien preguntó por el estado de la situación después de que otra resolución análoga de la Dirección General aprobada en febrero fijara el alzamiento para el 4 de abril sin que éste llegara a cumplirse.

García Castaño alegó que no se produjo el desalojo porque no fue posible notificar la resolución a los okupas, lo que Manglano calificó de “mala broma”, y que el 5 de abril se emitió una nueva resolución fijando el desalojo para el 6 de junio. “Se seguirá trabajando para la recuperación de su uso”, garantizó, y más tarde: “El edificio hay que recuperarlo administrativamente, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible”.

Manglano advirtió al delegado de que podría incurrir en un delito si se niega a perseguir otro como el de la ocupación ilegal de un inmueble, a lo que García Castaño contestó señalando que los gobiernos municipales del PP también trataron de negociar con los okupas de otros edificios. En cualquier caso, afirmó su voluntad de destinar locales como el de la calle Gobernador a usos vecinales, de forma que, junto al desalojo, manifestó su intención de acordar con la Fundación Ambasz, a la que el Ejecutivo de Ana Botella cedió el edificio, la resolución de dicho convenio.