Ésta es la principal conclusión del informe ‘La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental’, realizado por la ONG ambiental, donde también se urge a revisar la actual Ley de Minas, publicada en 1973 y que no recoge el marco competencial alumbrado en la Constitución ni la normativa europea al respecto, que España lleva décadas incorporando a su ordenamiento jurídico.

El análisis de SEO/BirdLife concluye que la Ley de Minas se ha convertido en “una cómoda herramienta de carácter técnico que ha consolidado una inercia en el sector que favorece su mantenimiento”, tanto por parte de las empresas que explotan el recurso como por parte de las propias administraciones. De hecho, aunque la reforma se ha intentado en varias ocasiones, significativamente en 2003 y 2015, nunca se ha alcanzado el acuerdo con las entidades representativas del sector.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, indicó al respecto que “se trata de una ley previa a la Constitución y, a pesar de que el articulado tiene cierta sensibilidad ambiental, la protección está lejos de ser la adecuada a la hora de gestionar un recurso tan sensible como éste, capaz de generar riqueza y, al tiempo, degradar un espacio natural y todos los servicios que presta, en forma de aire limpio, agua o alimento”.

“Urge, más que nunca, una regulación que proteja de forma clara y decidida el subsuelo español para que los recursos sean aprovechados de forma sostenible y respetuosa. No cometamos los errores del pasado. Aquellos que nos llevaron a desastres como el de la mina de Aznalcóllar, del que se cumplen ahora 20 años. La vieja fórmula de anteponer el crecimiento económico a la protección ambiental no sirve. Todos los análisis, todos los expertos, toda la Ciencia es clara: el futuro será sostenible o no será. Basta de mirar hacia otro lado o postergar el deber político de proteger el patrimonio natural de todos”, explicó.

“SALIR GRATIS”

Los técnicos de la organización conservacionista han identificado una treintena de cuestiones problemáticas en la actual legislación. Particularmente, el estudio muestra su preocupación por la laxa normativa para restaurar espacios afectados por un yacimiento y para determinar la responsabilidad ambiental

“En muchas ocasiones no se restaura porque no se exigen fianzas o garantías y, a falta de estos, los presupuestos de las administraciones publicas no son suficientes como para que la Administración aborde la restauración de manera subsidiaria. Degradar un espacio con fines mineros puede salir gratis”, indicó Ana Carricondo, coordinadora de los programas de conservación de SEO/BirdLife.

Otros fallos reseñables son la ausencia de referencias a los fondos marinos en la ley (cuando es un tipo de minería que se practica en la actualidad) o la falta de claridad y de transparencia para autorizar explotaciones.

Según el informe, esta situación responde a factores como una clasificación de yacimientos desfasada y que puede incluir un mismo mineral en una categoría u otra, o sistemas de adjudicación que no favorecen la competencia ni tienen en cuenta cuestiones como las buenas prácticas ambientales.

También considera igualmente confusa la fórmula para determinar si un residuo minero es peligroso o no. Aunque existen protocolos claros para determinar la peligrosidad de un residuo en la legislación general, ésta no es de aplicación en los recursos mineros y la poca normativa existente no es clara en absoluto.

En medio de esta maraña legal, que suele jugar en detrimento de la conservación del medioambiente, SEO/BirdLife muestra su satisfacción por la decisión del Gobierno de no autorizar la prórroga de la mina a cielo abierto Torrejón de Velasco II, situada entre Toledo y Madrid.