Los activistas desplegaron pancartas con el mensaje ‘ACS destruye los ríos de Guatemala’ y cerraron la llave general de paso del agua de las oficinas centrales en Madrid para sensibilizar a los responsables de la empresa, aunque sea de forma simbólica, de la dificultad de mantener cualquier actividad sin este valioso recurso.

Greenpeace aseguró que ACS, a través de su filial Grupo Cobra, ha participado como subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros.

La organización ecologista indicó que, además de los graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y los fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido “un daño ambiental significativo” y ha acarreado la “reducción drástica” del caudal del río que ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad ‘quekchí’.

“Denunciamos que empresas como ACS puedan participar en la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos en otros países, con la cobertura y el beneplácito del Gobierno español”, declaró Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Por otro lado, Greenpeace indicó que, como participante en la construcción de esta infraestructura, “el Grupo ACS tampoco puede eludir su responsabilidad en el problema de la criminalización y persecución del movimiento de oposición” a ese proyecto.

El pasado 30 de enero, Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo ‘quekchí’ opuesto a los megaproyectos hidroeléctricos, fue detenido y ahora está encarcelado. Su caso recuerda a la actividad de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres y ha llegado incluso al Parlamento español.

“Pedimos la libertad de los líderes indígenas que están siendo perseguidos por oponerse a estos proyectos. Lo que les pase a los que alzan su voz contra estos proyectos es también responsabilidad de las empresas que participan en su construcción”, comentó Soto.