Amnistía Internacional recoge estos datos en su último informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, hecho público este jueves y en el que destaca que Guinea se ha convertido en el 20º país de África subsahariana en abolir la pena capital para todos los delitos, mientras que Kenia lo ha hecho para el asesinato y Burkina Faso y Chad han avanzado en la eliminación de esta pena con nuevas leyes o proyectos de ley.

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, indicó que “los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición”. “El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance”, añadió.

Shetty subrayó que, avanzado ya el año 2018, los gobiernos de esa región “continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca”.

“Ahora que 20 países del África subsahariana han abolido la pena capital para todos los delitos, es el momento de que el resto del mundo siga su ejemplo y relegue esta aberrante pena a los libros de historia”, apostilló.

Amnistía Internacional ha registrado un descenso en el número de países del África subsahariana que consuman ejecuciones, al pasar decinco en 2016 a dos en 2017 (Somalia y Sudán del Sur) en los que se haya tenido constancia de ejecuciones. Asimismo, ha resaltado que las noticias sobre la reanudación de las ejecuciones en Botsuana y Sudán en 2018 no pueden eclipsar los avances experimentados en otros países de la región.

Por su parte, Gambia ha firmado un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a marchar hacia la abolición de la pena de muerte. El presidente gambiano dictó el pasado mes de febrero una moratoria oficial (suspensión temporal) de las ejecuciones.

DATOS GLOBALES

Los progresos en el África subsahariana en 2017 ilustran la tendencia a la baja observada en todo el mundo respecto al uso de la pena de muerte.

Amnistía Internacional registró el año pasado un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países, lo que supone una reducción del 4% respecto a 2016 (1.032) y del 39% respecto a 2015 (1.634, la cifra más elevada desde 1989).

En 2017 se documentaron al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países, lo que representa un 17% menos con respecto a las 3.117 de 2016 y la segunda cifra más alta desde 2009. Estos datos no incluyen los miles de condenas a muerte y ejecuciones que, según cree Amnistía, fueron impuestas y consumadas en China, donde estos datos siguen clasificados como secreto de Estado.

Además de Guinea, Mongolia abolió también la pena capital para todos los delitos, con lo que el número total de países abolicionistas ascendió a 106 en 2017.

Por otro lado, tras haber abolido Guatemala la pena de muerte para los delitos comunes, como el de asesinato, el número de países abolicionistas, en la ley o en la práctica, es ahora de 142. Sólo 23 siguen llevando a cabo ejecuciones (la misma cifra que en 2016), pese a que varios países han reanudado las ejecuciones tras un periodo de interrupción.

Según Amnistía, los lugares donde se aplicaron la pena capital en 2017 son Irán (al menos 507), Arabia Saudí (146), Iraq (al menos 125), Pakistán (al menos 60), Egipto (al menos 35), Somalia (24), Estados Unidos (23), Jordania (15), Singapur (8), Kuwait (7), Bangladesh y Palestina (6), Afganistán (5), Malasia (al menos 4), Japón y Sudán del Sur) (4), Bahréin (3), Bielorrusia y Yemen (al menos 2), y Emiratos Árabes Unidos (1), así como China, Corea del Norte y Vietnam (número sin determinar).

Los métodos de ejecución fueron decapitación (Arabia Saudí), ahorcamiento (Afganistán, Bangladesh, Egipto, Irán, Irak, Japón, Jordania, Kuwait, Malasia, Pakistán, Palestina, Singapur y Sudán del Sur); inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam) y arma de fuego (Bahréin, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Somalia y Yemen). Como en años anteriores, Amnistía Internacional no recibió información sobre ejecuciones judiciales por lapidación.

Amnistía destaca que se han dado pasos importantes para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella. En Irán, las ejecuciones registradas se redujeron en un 11% y las relacionadas en concreto con delitos de drogas descendieron en un 40%. Asimismo, se tomaron medidas para elevar la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte preceptiva.

Además, Malasia reformó la legislación antidroga, que pasó a permitir discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico. Estas reformas se traducirán, probablemente, en un descenso en el número de condenas a muerte impuestas en ambos países en el futuro.

“Sigue siendo preocupante que ciertos países recurran a la pena de muerte para los delitos de drogas. Sin embargo, las medidas adoptadas por Irán y Malasia para reformar la legislación antidroga revelan en buena medida la aparición de grietas incluso en la minoría de países que sigue llevando a cabo ejecuciones”, afirmó Shetty.

“PREOCUPANTES TENDENCIAS”

Sin embargo, Amnistiía subraya que el año pasado siguieron observándose “preocupantes tendencias” en el empleo de la pena de muerte. Por ejemplo, en 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y el norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

Amnistía Internacional registró ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China, Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam impidió determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas.

En 2017, Singapur ahorcó a ocho personas, todas ellas por delitos de drogas, con lo que duplicó la cifra de 2016. La tendencia fue similar en Arabia Saudí, donde las decapitaciones por cuestiones de drogas se dispararon, pasando del 16% del total de ejecuciones en 2016 al 40% en 2017.

“Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como ‘solución rápida’ en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas”, apuntó Shetty.