"Los enjuiciamientos por 'rebelión' que podrían llevar a largas condenas de prisión plantean serios riesgos de disuadir el discurso totalmente legítimo, incluso si es controvertido y desagradable", apuntó Kaye en un comunicado, antes de añadir: "La libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad libre y democrática, y seguirá así hasta que desaparezcan las actuales controversias políticas".

La ONU indicó que, tras un referéndum en octubre pasado considerado nulo e inconstitucional por el Tribunal Constitucional, las autoridades españolas detuvieron a miembros de la Generalitat de Cataluña y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y los acusaron de rebelión, entre otros cargos.

Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, estaba entre los acusados; a petición de España, fue arrestado en Alemania, pero este viernes quedó en libertad.

"Me preocupa que los cargos de rebelión por actos que no involucran violencia o incitación a la violencia puedan interferir con los derechos de protesta pública y disidencia", dijo Kaye, quien agregó: "La ley internacional de derechos humanos advierte de que, especialmente en situaciones que involucran disidencia política, las restricciones sólo se deben imponer cuando sean estrictamente necesarias y proporcionadas para proteger los intereses del Estado.

"Tengo la esperanza de que España despliegue sus instituciones democráticas para fomentar espacios de debate y encuentre herramientas creativas de diálogo y reconciliación para hacer frente a la situación política actual", concluyó.