Lamela llega a esta conclusión en el auto que se conoció este jueves, en el que Trapero es procesado por organización criminal y dos delitos de sedición por los disturbios ocurridos los pasados 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum del 1 de octubre.

La magistrada también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La magistrada encausa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

Tras dictar este auto de procesamiento, la titular del juzgado central de Instrucción 3 ha citado a los procesados para declaración indagatoria el próximo 16 de abril a las diez de la mañana.

“COMPLEJA ORGANIZACIÓN”

Lamela argumenta en su resolución de este jueves que la instrucción de la causa y las distintas pruebas han permitido comprobar “la existencia de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

Dentro de este plan, la magistrada considera probado que Trapero, Soler, Puig y Laplana incurrieron en la “utilización ilegal” de los Mossos d´Esquadra, al poner este cuerpo de seguridad “al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal”.

Para ello, los procesados llevaron a cabo “actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de investigaciones judiciales”.

“DISPOSITIVO FRAUDULENTO” EL 1-O

Estos objetivos genéricos se plasmaron, según la juez Lamela, en los incidentes del pasados 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En el incidente de la Consejería de Economía, la instructora considera probado que Trapero y la intendente Laplana no adoptaron las medidas necesarias para proteger estas instalaciones, a las que llegaron una letrada de la Administración de Justicia y guardias civiles para un registro. La juez sostiene que tuvo que ser relevada la intendente por un comisario para que se tomaran las “medidas oportunas” para garantizar la salida segura de la letrada y los guardias civiles.

Respecto al referéndum del 1 de octubre, Lamela concluye que la actuación de los Mossos “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”. De esta forma, los procesados “simularon” para el día de la consulta ilegal “un dispositivo engañoso y fraudulento, conduciendo a sus subordinados a una dejación auténtica de funciones, incumpliendo el mandato judicial y diferentes aspectos legales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico”.