Confirmaba así la versión dada el pasado 18 de diciembre por el propio González al magistrado, al que aseguró que sus problemas comenzaron al llegar al Gobierno regional y no doblegarse a las presiones desde Génova. González declaró en ese momento en calidad de testigo en la causa de los llamados `papeles de Bárcenas´, tras haber estado seis meses en prisión preventiva por el 'caso Lezo'.

Esta versión ha sido también refrendada por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que también declaró hoy a petición de la acusación ejercida por IU. Al estar encausado en otras piezas relacionadas con la 'Gürtel', acudió acompañado de su abogado para no hacer declaraciones que pudieran perjudicarle en otros procedimientos judiciales.

"GUERRA DE TESORERÍAS"

Moro desveló este martes que trabajó entre los años 2006 y 2008 para Constructora Hispánica. A través de su expresidente Alfonso García Pozuelo conocía las “fluidas relaciones” que tenía con Lapuerta y con el entonces gerente del PP nacional, Luis Bárcenas.

Confirmó también que González le relató cómo a partir de 2004, con la pérdida del Gobierno en las elecciones generales, se desató una “guerra de tesorerías” y que Lapuerta, responsable de las cuentas nacionales del PP, intentó controlar todas las adjudicaciones de las consejerías de la Comunidad de Madrid.

Así, describió que Lapuerta hacía indicaciones expresas al Gobierno de Madrid y a ayuntamientos gobernados por el PP para que se adjudicaran contratos a empresas amigas del partido, que después pagaban comisiones en dinero negro. Lapuerta es inimputable por tener acreditada una demencia sobrevenida.

Según esta versión, Ignacio González acabó informando de las presiones de las que estaba siendo objeto a Esperanza Aguirre, que intentó mediar para aligerar las presiones de Génova e impedir que el PP nacional controlara todas esas adjudicaciones.

CAÍDA EN DESGRACIA

En esa línea, Ortega reconoció al juez que recibió orden directa de Lapuerta de que adjudicara varios contratos del Ayuntamiento de Majadahonda a las empresas Lecuas y Coarsa, algo a lo que se negó el exalcalde y que motivó, según dijo, su caída en desgracia. Con posterioridad, esas dos empresas fueron adjudicatarias de contratos por siete millones de euros.

En esta pieza separada, el magistrado investiga los supuestos pagos en dinero negro de la reforma de la sede nacional del PP a raíz de las declaraciones hechas por el cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, en las que reconoció el pago de comisiones por empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. También tiene en cuenta lo dicho por el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio de la 'Gürtel' en esa comunidad.

Para este miércoles está citado el exdirector general Calidad Ambiental de la Comunidad de Madrid Ignacio López-Galiacho, imputado en el 'caso Lezo' y acusado por la exviceconsejera de Medio Ambiente María Paz González de encargarse de la relación con los empresarios.

También están citados hoy como testigos Pedro Catalina y un periodista de Intereconomía que investigó las grabaciones en las que se hablaba del pago de comisiones por un empresario. Supuestamente, el presidente de ese grupo de comunicación, Julio Ariza, habría tratado de chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con esa grabación, según dijo en una conversación pinchada el expresidente madrileño Ignacio González a Eduardo Zaplana.