El conocido como ‘Libro Amarillo’ recoge 80 millones de euros para la Administración General del Estado en la lucha contra el machismo. Esta dotación se reparte entre diferentes áreas del Gobierno, ya que implica no sólo al departamento de la ministra Dolors Montserrat, sino también a las carteras de Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social y Hacienda y Función Pública.

La partida más voluminosa de este aumento presupuestario para cumplir con el pacto va destinada al Ministerio de Interior, que contará este año con 43 millones de euros adicionales para aumentar los efectivos que atienden a las víctimas, adecuar los espacios policiales a las necesidades de las mujeres, mejorar la comunicación y otros planes policiales.

Por su parte, al Ministerio de Justicia se han asignado 13,6 millones de euros, de los cuales 4,5 irán a parar a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También se refuerza la asistencia jurídica gratuita especializada para las víctimas con 4,2 millones de euros, mientras que las unidades de valoración forense integral contarán con 3,8 millones de euros adicionales para cumplir el pacto.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social contará con 12,2 millones de euros que tendrá que invertir exclusivamente en la Renta Activa de Inserción para las víctimas y en mejorar la protección no contributiva de orfandad con 5 millones de euros.

Para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se invertirán 9,2 millones de euros que irán destinados a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y para llevar a cabo la macroencuesta prevista para este año. Por último, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tendrá dos millones de euros para las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género comprometió una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir el machismo, a repartir entre ayuntamientos (100 millones), comunidades autónomas (500 millones) y Estado (400 millones), de manera que para 2018 hay 80 millones para el Gobierno central, 100 para autonomías y 20 para ayuntamientos.