Así informó en un comunicado tras conocer que los abogados belgas de Puigdemont y del exconseller Toni Comín han presentado una querella contra la propia Ana Rosa Quintana y contra el reportero y el cámara de su programa que grabaron y difundieron, el pasado mes de enero, unos mensajes intercambiados entre ambos políticos, lo cual, supondría un acto ilícito, según la legislación de Bélgica.

En este sentido, y a colación de la decisión de Cifuentes de querellarse contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por las informaciones que ponen en duda cómo consiguió su máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos, la FAPE señaló que “respeta la opción de ambos políticos de presentar una querella si consideran que se han vulnerado sus derechos”.

Sin embargo, añadió que “un exceso de judicialización puede suponer una amenaza al libre ejercicio del periodismo”.