ATME emitió un comunicado en el que subrayó que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa ha informado de que el departamento de María Dolores de Cospedal destinó en los últimos cuatro años 41,5 millones de euros a contratar vigilantes de seguridad.

Esta situación contrasta, según ATME, con la realidad de “cientos de militares”, “todos ellos con experiencia contrastada en funciones de seguridad”, que se ven abocados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

Este colectivo explicó que la Ley de Tropa y Marinería establece que el personal que no haya accedido a una relación de carácter permanente finalizará su compromiso laboral a los 45 años.

Esta norma recoge medidas para la reincorporación laboral de este personal, la mayoría de las cuales “no se han llevado a cabo”, según ATME.

“Es incomprensible que, por un lado, se prescinda de personal perfectamente cualificado, con hasta 27 años de servicio en las Fuerzas Armadas, y que, por otro lado, se contrate a empresas civiles para vigilar establecimientos militares”, censuró el colectivo.

Lamentó que los militares que cumplen los 45 años “no tengan siquiera convalidado el título correspondiente de vigilante” y reclamó que Defensa les proporcione los “conocimientos” para convalidar este título “como una manera de formación para la reincorporación forzosa a la vida civil”.