Así se expresó Carcedo en una entrevista en Servimedia, en la que hizo hincapié en la importancia que tienen las instituciones para que las personas con discapacidad tengan una oportunidad laboral en las mismas condiciones que el resto de la población.

“Las administraciones juegan un papel doble: primero como legislador, promoviendo políticas de inclusión o de contratación cuando legislan como con la Ley de Contratos del Sector Público, y segundo como contratantes”, detalló Carcedo. También sostuvo que los poderes públicos “también tienen la obligación de cumplir su cuota de personas con discapacidad y hacerlo de manera periódica”.

Aparte de tener una buena relación con las comunidades autónomas, Carcedo remarcó que “lo que nos corresponde ahora hacer es trabajar con los ayuntamientos”, porque “son los que están más cerca de los ciudadanos”.

En este sentido, reconoció que “si la Administración no estuviera en disposición de apoyar, poco haríamos nosotros como intermediarios”, al tiempo que remarcó que “sensibilizar es muy importante”. Resaltó que “detrás de la sensibilización tiene que haber cifras y realidades”, porque si no es “vender humo”.

Por último, Carcedo se refirió a que también “hay que poner el acento en que las personas con discapacidad también se activen”, ya que “tienen que ver que hay oportunidades”, ya sea “por cuenta propia o por cuenta ajena”.

Con este objetivo, Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, lleva a cabo los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), y así incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.