Una veintena de ellos se reunieron con la dirección de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, incluida la portavoz, Irene Montero, que subrayó el trabajo de esa plataforma desde hace años para garantizar los derechos humanos en España y que han caminado durante quince días para reivindicar que ninguna renta sea inferior al umbral de la pobreza o que no haya desahucios sin alternativa habitacional, entre otras medidas.

Manolo Cañadas, uno de los portavoces de la Marcha, dio las gracias a Montero por escuchar sus demandas, porque uno de los problemas de los desempleados y los precarios en España es que "no tienen sitios donde se escuche su voz".

Explicó que han caminado 400 kilómetros en dos semanas "para denunciar lo que está pasando, la guerra declarada a la gente más humilde en este país, una guerra que tiene muertos", subrayó, con once suicidios al día, doce accidentes mortales a la semana por la precariedad laboral, 7.000 muertos por lo que "eufemísticamente" se llama pobreza energética, "una querra contra la gente más humilde que parece que se quiere normalizar con ese rollo que nadie se cree del crecimiento".

Los promotores de esa Marcha exigen a los grupos parlamentarios y al Gobierno cinco compromisos, y aseguran que no pararán hasta conseguirlos porque el hambre y la miseria "no entienden de plazos".

El primero de ellos es la renta básica universal en cumplimiento de Carta Social Europea, que establece en 684 euros el ingreso mínimo, sea sueldo, pensión o subsidio, y que en España a pesar de haber ratificado ese convenio no se cumple.

El segundo es la derogación de las dos últimas reformas laborales, ya que la precariedad es "la primera piel del trabajo" y no solo se han degradado los salarios sino que se ha dado una "patada" a la negociación colectiva y han empeorado las condiciones de trabajo.

El tercero es garantizar un techo a todos los ciudadanos, de forma que no pueda haber desahuicio de la única vivienda habitual. Subrayó, en ese sentido, que según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España sigue habiendo 166 desahucios al día y hay "un montón de familias" que no tienen ni agua corriente y a las que "se regatea el empadronamiento".

La cuarta exigencia es la formulada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas para subir todas las pensiones al menos en la misma medida que el IPC y evitar la privatización del sistema, "el nuevo negocio que los gobernantes del PP quieren dar a sus amigos de la banca".

Finalmente, reclaman la reversión de todos los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, y denuncian que desde 2012 hay en España 45.000 profesores menos, 30.000 enfermeros menos y 10.000 médicos menos, mientras "se llenan" las consultas de salud mental. "No podemos esperar, es cuestión de vidas. No queremos esperar, es cuestión de dignidad", concluyó.