En un comunicado señala que “se trata de la última de una larga serie de decisiones erróneas que los diferentes poderes del Estado están adoptando en el marco del llamado 'procés', y que incluye, entre otras, la aplicación más drástica del artículo 155 de la Constitución española, que supuso la destitución de las legítimas autoridades de Catalunya”.

Asimismo, califica de nefasta lo que denomina “la actual judicialización de la política en el Estado español” y la considera un indicador del fracaso del diálogo político. También demanda que las instituciones catalanas dejen de estar ”tuteladas por la judicatura española” y pide diálogo.

“Animamos a las fuerzas políticas catalanas”, agrega el comunicado, “a recuperar la confianza mutua y a dar prioridad al diálogo para, así, alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo en el seno del Parlament que alumbre un Govern estable y sólido que recupere las instituciones de su autogobierno, abra un nuevo tiempo de diálogo y contribuya a superar el actual bloqueo y la excepcionalidad instaurada por el 155, aún hoy vigente”.