De esta forma se atiende una petición que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) venía haciendo al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En concreto, el pasado 9 de marzo el Cermi remitió una carta al ministerio en la que pedía que los ayuntamientos pudieran destinar parte de su superávit presupuestario a mejorar la accesibilidad universal de los pueblos y ciudades, favoreciendo así la inclusión social de las personas mayores o con discapacidad.

Dicha carta se remitió después de que Hacienda llegará a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para permitir a las corporaciones locales la reinversión del superávit de 2017 a través de inversiones financieramente sostenibles y que ha dado lugar al decreto aprobado este viernes.

Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España recordaba en su carta que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, por lo que señalaba la necesidad de prever nuevas posibilidades de inversión, en este caso, en la esfera local, a fin de alcanzar ese objetivo.

Según informó a Servimedia el Ministerio de Hacienda y Función Pública, entre los capítulos a los que el Gobierno ha ampliado el concepto de IFS se encuentra la gestión de patrimonio, de tal manera que se podrán incluir la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras de inmuebles propiedad de la entidad local destinados al servicio público.

De esta manera, los ayuntamientos podrán destinar su superávit a buscar la accesibilidad por medio de obras y actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros este viernes respondía a la petición de la FEMP de permitir a las corporaciones locales utilizar su superávit de 2017 en IFS sin tener que esperar a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, dándoles así más tiempo para decidir, licitar, contratar y ejecutar las inversiones antes de la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que tendrán lugar el 9 de junio de 2019.

Además de esta ampliación del concepto de IFS para usar el superávit en la mejora de la accesibilidad, el decreto aprobado también lo amplía a nuevas categorías relativas a seguridad y orden público, protección civil, servicios de extinción y prevención de incendios, asistencia social primaria, creación y mantenimiento de centros docentes de enseñanza infantil, primaria y especial, bibliotecas y archivos, e inversiones en equipamientos culturales, museos e instalaciones deportivas.