La presentación coincidió con el Día Mundial del Agua, que se celebra este jueves. Entre esas entidades están AEMS-Ríos con Vida, CCOO, Ecologistas en Acción, Facua-Consumidores en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España, así como otras de ámbito regional, de cuenca y locales.

Es la primera vez que organizaciones de ámbitos diversos se unen para presentar un texto común después de que hace tres años acudieran al Congreso de los Diputados dos bloques, uno liderado por movimientos de gestión pública del agua y otro por los ecologistas.

El Acuerdo Social por el Agua incluye cinco ejes: detener la construcción de nuevos embalses y trasvases; frenar el crecimiento de las demandas de agua para que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático; parar los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos para garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas; incorporar al más alto nivel normativo el derecho humano al agua y al saneamiento, y “acabar con la corrupción en torno al agua”.

La directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, declaró a los periodistas frente al Congreso de los Diputados que el Acuerdo Social por el Agua es “un texto totalmente diferente” al Pacto Nacional por el Agua que prepara el Gobierno y esa “alternativa” cuenta con “un amplio respaldo de la sociedad civil”, con lo que lanza “un mensaje de que nadie puede seguir pensando que el agua se decide a espaldas de la sociedad”.

Martínez indicó que el texto consensuado por medio centenar de organizaciones supone “un hito histórico” alcanzado durante el último mes y en un contexto “crítico” ante “las perspectivas de cambio climático y las situaciones de sequía recurrente que van a aumentar”. “El anunciado Pacto Nacional por el Agua que está preparando el Gobierno de la nación sigue manteniendo viejas políticas del agua que no responden a los retos actuales”, apostilló.

NO A LA PRIVATIZACIÓN URBANA

Pilar Galindo, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), comentó que la actividad agroganadera es responsable de la utilización de más del 70% del agua disponible, pero precisó que “no toda la agricultura y la ganadería es contaminante y esquilmadora de recursos naturales”.

“En un contexto de sequía, de lluvias torrenciales y de elevación de temperaturas, las prácticas agroganaderas agroecológicas constituyen la mejor estrategia para adaptarse al cambio climático. Estamos defendiendo una agricultura ecológica que no contamina las aguas con nitratos y plaguicidas, y favorece la conservación de espacios agrarios y el aumento de la biodiversidad del suelo y de toda la cadena trófica”, añadió.

Alberto Fernández, de WWF, comentó que conviene frenar el deterioro de ríos, fuentes, humedales y acuíferos porque son el reservorio de la generación actual y de las futuras, por lo que pasa por evitar “la sobreexplotación de acuíferos”, establecer caudales ecológicos en los ríos y detener la contaminación del agua procedente de residuos industriales o urbanos.

Fernández defendió “parar la construcción de embalses y trasvases”, y que estas actuaciones no se lleven a cabo en “de forma irracional en momentos de sequía”. “Hemos visto que hay momentos en que, aunque tengamos muchísimos embalses, la precipitación no es suficiente para llenarnos”, indicó.

Paco Carbonero, de CCOO, reivindicó que “el agua tiene que ser noticia por su calidad, la eficiencia en su gestión y porque sea un bien público que no pueda ser aprovechado ni para la especulación ni para la corrupción”.

Carbonero comentó que la crisis económica empujó a “muchos ayuntamientos a privatizar las aguas potables”, cuando “el agua es un bien común y, como tal, tiene que tener un reparto justo entre la sociedad”.

Por último, Gonzalo Marín, de la Red Agua Pública, ensalzó que los defensores de la gestión pública del agua y los ecologistas se hayan unido después de los desencuentros de hace tres años, y destacó que el derecho humano al agua y el saneamiento debe ser un referente en los modelos de gestión hídrica.

“Entendemos el agua como un bien común en este sentido el agua no puede ser gestionada con ánimo de lucro, como una mercancía ni en el ámbito de los recursos hídricos y de gestión general ni en el ámbito de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento”, concluyó.