En concreto, el tribunal ratifica una sanción a Iberdrola, titular del tendido, por una infracción muy grave de 100.001 euros y establece el pago de una indemnización de 42.920 euros por la electrocución en el término municipal de La Herrera (Albacete) de un águila imperial ibérica, una especie catalogada en peligro de extinción.

Para SEO/BirdLife, se trata de “un paso decisivo para que las empresas energéticas asuman su responsabilidad para controlar una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España como mínimo”.

Esta organización indicó que la sentencia es “relevante por su novedad”, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido.

El responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega recalcó que “el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves y, además, incluye la obligación de corregirlos”. “El fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos”, añadió.

Este extremo es especialmente importante porque hasta ahora el argumento de la mayor parte de las compañías eléctricas para retrasar la corrección de tendidos eléctricos se basa en que las administraciones competentes no han aportado financiación para cubrir de forma completa el coste de la corrección de los tendidos. SEO/BirdLife, la Plataforma SOS-Tendidos y la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente sostienen la invalidez de esta idea.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha opta por el argumento esgrimido por la Fiscalía y las ONG. En su fallo, afirma que la compañía propietaria del tendido tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas, que no hizo en el momento de la electrocución del águila imperial.

Al no presentar ese proyecto de adaptación, la empresa adjudicataria incurrió en la omisión negligente de una obligación prevista en la ley. Por ello, la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el deterioro del águila imperial se produjo por no haberse modificado el punto de apoyo, conforme a las exigencias indicadas e impuestas normativamente.