Esta organización indicó que los últimos datos públicos de pozos ilegales se remontan a 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de unos 510.000, que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes. “Esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad”, añadió.

Con motivo del Día Mundial del Agua, la organización ecologista inicia una investigación para la que solicita la colaboración ciudadana y de profesionales que dispongan de información relevante. A través de su plataforma de denuncias y filtraciones 'online', Greenpeace pide ayuda a la ciudadanía para que aporte información y le haga llegar de forma anónima y confidencial los documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales.

“Ante la falta de transparencia del Ministerio de Agricultura con este asunto, necesitamos del apoyo de la sociedad para acabar con estas prácticas irregulares que ponen en peligro nuestro abastecimiento futuro. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a información relevante para esta investigación. Se trata de colaborar entre toda la ciudadanía para no poner en riesgo un bien común y tan necesario como el agua”, recalcó Julio Barea, portavoz de Greenpeace.

La herramienta 'online' funciona en colaboración con la plataforma Fíltrala, una entidad que garantiza el anonimato y la seguridad de las personas que realizan la filtración. La organización ecologista ha adoptado esta resolución ante “la falta de datos públicos sobre el número de pozos ilegales y la impunidad en torno al robo del agua, que no permite conocer la verdadera dimensión del problema”.

SEQUÍA

Por otro lado, Greenpeace sentenció que, “a pesar de las lluvias de las últimas semanas, la sequía todavía persiste en España”, ya que los niveles previos de agua en los embalses eran tan escasos que todavía continúan por debajo de la media.

“España sigue siendo el país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación. Sin embargo, en los últimos años la sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico -muy especialmente del agua subterránea- ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales”, apuntó.

Greenpeace señaló que la extracción ilegal es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad.

“Necesitamos que las autoridades competentes cuenten con los recursos necesarios para perseguir uno de los delitos medioambientales que más se comete en España. De no ser así, en época de sequía puede haber un efecto llamada que agrave la situación”, recalcó Barea.

Por otro lado, Greenpeace subrayó que el robo de agua no sólo afecta a la cantidad, sino también a la calidad y que la reducción continua del nivel del agua y la profundidad cada vez mayor de los pozos pueden aumentar la concentración en sales y reducir la calidad de su agua, e incluso contaminarlo.

Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas se encuentra en mal estado cuantitativo y/o químico (321 de 761), algo que, de no controlarse, podría seguir aumentando y poner en grave peligro las reservas de aguas subterráneas para el futuro cercano, según Greenpeace.

“En zonas del interior de la península, donde la desalación no es posible, cuando el agua embalsada sea insuficiente y no se hayan producido suficientes precipitaciones, se deberá abastecer a las poblaciones con aguas subterráneas. Sin embargo, de seguir el descontrol en las extracciones ilegales de aguas del subsuelo, podríamos encontrarnos con acuíferos sobreexplotados y/o contaminados. No podemos permitirnos llegar a ese punto”, concluyó Barea.