Por su parte, la Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que aumente las penas que se impusieron a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres en el juicio por el 'caso Nóos', al entender que ambos fueron “motor” y “origen” de los delitos que se cometieron. Para el cuñado del Rey, el ministerio público quiere que la pena pase de seis años y tres meses a 10 años. En el caso de Torres, pide que pase de ocho a 12 años.

En su intervención ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Mario Pascual Vives ha tratado de rebatir los argumentos contenidos en la sentencia por la Audiencia de Palma y se ha centrado en oponerse a la reclamación hecha por Abogacía de las Islas Baleares para que Urdangarin reintegre a las arcas públicas el 100% del coste de los foros organizados por el Instituto Nóos en esa comunidad, ya que sería tanto como haber organizado esos eventos “gratis”.

El letrado insistió en que la absolución de su representado es procedente, sobre todo si se tiene en cuenta que el cuñado del rey Felipe VI ya ha sido “condenado por una parte de la sociedad y algunos medios de comunicación”.

El letrado Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro, se ha dirigido al tribunal para pedir que se anule la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Palma.

La Sala II del Tribunal Supremo celebra este miércoles la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca, de 17 de febrero de 2017, sobre el 'caso Nóos'. Entre los recurrentes figuran la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas.

Urdangarin, su socio Diego Torres y el expresidente de Baleares Jaume Matas impugnaron el pasado mes de noviembre ante el Tribunal Supremo los recursos de la Fiscalía y los gobiernos de Valencia y Baleares que reclaman más penas de cárcel para los tres condenados por la Audiencia de Palma en el marco del 'caso Nóos'.

La fiscal Ángeles Garrido centró su argumentación en demostrar que en la presunta rama valenciana de la trama también se produjeron hechos delictivos, pese a que la sentencia no apreció irregularidades en los contratos suscritos por el Instituto Nóos para la celebració del Valencia Summit entre 2005 y 2007 por un total de 3,4 millones de euros.

Según el ministerio público, los dos socios fueron “instigadores” de la corrupción que, bajo su criterio, se produjo tambien en Valencia, con la “omisión absoluta de un procedimiento administrativo” que respalde los contratos y que cuya firma sólo se basa en la “voluntad y concierto entre Urdangarin y Torres y funcionarios para que se realizaran los convenios”.

Según explicó, la Generalitat valenciana no hizo ningún informe previo sobre la necesidad de esos contratos ni de los gastos que llevaban aparejados y así lo refleja un informe del Tribunal de Cuentas que “pone negro sobre blanco la ilicitud que se está cometiendo” al suscribir contratos en los que no se justificaron los gastos y se habían omitido el principio de eficacia y eficiencia.

También la Abogacía del Estado, en representación de los intereses de la Hacienda pública solicitó un aumento de las penas, con argumentos similares a los de la Fiscalía y defendiendo al final que “la ley es como la muerte: No puede exceptuar a nadie”, recordando el criterio del filósofo y jurista Montesquieu.

El marido de la infanta Cristina fue condenado a más de seis años de cárcel, su exsocio a más de ocho y el expresidente balear a más de tres años de reclusión. A Urdangarin se le condenó por dos delitos fiscales, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Además, se le impuso una multa de 512.533,68 euros y la responsabilidad civil.

La Sala decidió dejarle en libertad con la única medida cautelar de tener que presentarse en el juzgado los días 1 de cada mes y le permitió seguir residiendo en Suiza. Además, está obligado a comunicar si sale de la Unión Europea. Si la decisión del Supremo le es adversa tendrá que ingresar en prisión.