El PP alude, en la exposición de motivos de esta iniciativa, a las recomendaciones que ha realizado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a este respecto, que emitió una declaración conjunta en 2012, junto a otros organismos como el Comité de los Derechos del Niño, en la que planteaban elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.

Explican, además, que entre 2013 y 2016 tuvieron lugar 807 matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era menor de 18 años. “Todos los niños y las niñas tienen derecho a serlo, a disfrutar plenamente de su infancia y a que nadie vulnere sus derechos. Protegerlos es una obligación ineludible”, reivindican los populares.

La diputada popular Silvia Heredia, encargada de defender la proposición no de ley, pidió seguir adelante en la defensa del sistema de protección de los menores y tener en cuenta que el matrimonio es una “decisión muy importante” que supone “asumir obligaciones y responsabilidades” en un “contrato”.

“¿Cómo vamos a meter esa responsabilidad (a un menor)?”, se preguntó Heredia, antes de opinar que si el matrimonio infantil es “injusto” en otros países, también lo es en España. Recordó que esta realidad afecta mayoritariamente a las niñas, que de seguir su curso esta iniciativa podrán “mejorar” en el ámbito de la inclusión social y en la igualdad de oportunidades.

La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes valoró que el PP con esta propuesta está planteando una “limitación de derechos” y la creación de una nueva excepción a la figura jurídica de la emancipación, en este caso en los jóvenes que se casan entre los 16 y los 18 y no viven bajo la tutela de sus padres.

Tras dejar claro que para Cs la defensa del interés del menor es una “prioridad”, insistió en que la emancipación otorga una “serie de derechos” a las personas y que, para recortarlos, habría que “justificarlo con sólidos argumentos”. Además, dijo no entender por qué el PP habla de 807 casos de 2013 a 2017 cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que fueron 291.

“¡Este medio folio de proposición no de ley se me queda bastante corto!”, espetó bajo el aplauso de los presentes. “Tendremos que valorar si la medida que plantean es equilibrado y ese recorte de derechos justificados”, indicó.

Ciudadanos, cuyas enmiendas fueron rechazadas por el PP, votó en contra de esta iniciativa, porque en su opinión antes de pedir cualquier modificación legal ha de hacerse una “evaluación previa y rigurosa” en la que se estudien cuestiones como la incidencia del matrimonio temprano en la situación socioeconómica de esas personas o la tasa de abandono escolar.

Ángela Rodríguez, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, cargó contra el PP por dar por hecho “sin ningún estudio oficial” que son las gitanas las que se someten a matrimonios forzados a edades tempranas. Igualmente, consideró que con esta iniciativa lo que se propone es “recortar en derechos”.

Juzgó, asimismo, “confusa en sus planteamientos” la iniciativa y remarcó ante el PP que hacer políticas feministas tiene que ver con “defender la igualdad entre personas”. “Nosotras sí nos fiamos de las mujeres de 16 y 17 años y tenemos claro que las mujeres de este país no se van a seguir fijando en los chicos malos”, sentenció.

Por ello, criticó que el PP presente una iniciativa que “ni está apoyada en datos ni es realista ni tiene que ver con lo que demandan las adolescentes en este país”. Adujo que esta idea en realidad a lo que responde es a “no querer hacer políticas públicas ni invertir un solo euro para las mujeres”.

En nombre del PSOE, Ángeles Álvarez criticó que esta propuesta pretenda “eliminar todo tipo de excepción sin conocer la casuística de los raros casos que se dan en España” de matrimonios entre menores de edad emancipados.

Recordó, asimismo, que no han pasado ni 19 meses de la reforma que elevó la edad mínima para contraer la edad del matrimonio. Así las cosas, opinó que esta proposición “sólo busca desviar la atención sobre otros asuntos”.

Por ello, el PSOE presentó enmiendas que contemplan “establecer un plan de acción para el cumplimiento de todas y cada una de las observaciones que el Comité de Derechos del Niño ha hecho a España”, que el PP no aceptó. “No vamos a hacer el juego a quien pretende servirse de situaciones residuales para legislar sin respeto a los principios de coherencia normativa del orden jurídico”, avisó.

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca justificó su voto positivo a esta iniciativa diciendo que “va en la línea de igualarnos a los marcos normativos del resto de países de la Unión Europea”. “Resulta necesario acompasar nuestra legislación para evitar matrimonios impuestos”, defendió.

El parlamentario de Compromís Enric Bataller destacó que estaríamos hablando de una “irrelevancia”, ya que según el INE se trataría de un “0,03%” de casos en el primer semestre de 2017. Su grupo, dijo, no puede apoyar una iniciativa “aislada” de concionantes socioeconómicos o de la evolución cultural.

Por parte del PDECat, la parlamentaria Lourdes Ciuró también consideró que son “sucesos residuales en las estadísticas” los matrimonios de menores de edad en España. “No acertamos a ver la conveniencia de esta modificación ahora”, declaró.

Mikel Legarda, del PNV, advirtió de que este asunto precisa un “análisis sosegado” antes de iniciar cualquier tipo de modificación legal. “Es un asunto de suficiente enjundia para merecer un mayor esfuerzo reflexivo y deliberativo”, señaló justificando así su voto contrario a esta propuesta.

Por último, la diputada Ester Capella, de ERC, se opuso a esta propuesta porque los jóvenes de 16 y 17 años “no son niñas ni niños” y tienen “reconocidos derechos y obligaciones de gran responsabilidad”.