Según el ‘Informe Anual 2017’ de esta institución publicado este lunes, el sistema de pensiones ha desempeñado un “trascendental papel” durante los años más duros de la crisis económica.

En su situación financiera, destaca que la caída de los ingresos de la Seguridad Social durante el periodo 2008-2011 “se explica de manera casi íntegra” por la destrucción de empleo, pero puntualiza que “a partir de 2012 es el deterioro de los salarios lo que explica la abrupta reducción del nivel de ingresos”.

El Defensor del Pueblo constata que aunque los ingresos se recuperan en los años 2014 y 2015, lo hacen por debajo del crecimiento de la afiliación, lo que manifiesta una “erosión” de las bases medias de cotización en esos años, “como consecuencia de la precariedad laboral”.

En relación con la reforma de pensiones de 2013, que desliga el Índice de Revalorización de las Pensiones con la inflación e incluye el Factor de Sostenibilidad, el Defensor del Pueblo señala que las pensiones perdieron poder adquisitivo en 2017.

Respecto a la sostenibilidad de las pensiones, el organismo apunta tres “vulnerabilidades”. La primera es sobre el mecanismo de revalorización, que “apunta a un empobrecimiento de todos los pensionistas, dudosamente compatible con la previsión constitucional que garantiza pensiones suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas”.

La segunda se refiere a las pensiones de las mujeres, y la tercera a la “modesta” cuantía de las pensiones, pues el 60% no supera los 800 euros mensuales.

Precisamente, la institución destaca que ha recibido “numerosas” quejas, en su mayoría referidas a las pensiones de jubilación, y que este año ha vuelto a recibir quejas de ciudadanos y asociaciones, que muestran su discrepancia con la reforma de 2013.