Esta institución, presidida en funciones por Francisco Fernández Marugan, pide al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que "a la mayor brevedad posible, proponga una iniciativa legislativa para que la determinación del nivel de ingresos de los usuarios se ajuste lo más posible a su capacidad económica real y actual, a cuyo efecto ha de definirse un procedimiento adicional al de consulta de los datos tributarios", y "se fijen nuevos tramos de renta y sus correspondientes porcentajes de aportación farmacéutica, reduciendo la amplitud de los actuales tramos, en coordinación con la Administración de Hacienda y tomando en cuenta las variables que ofrece la información estadística oficial sobre renta disponible de los ciudadanos".

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recomendado la exención en la aportación farmacéutica o la aplicación de un porcentaje mínimo a personas con discapacidad no exentas por otros supuestos; personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza; y al grupo de pacientes con enfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas las enfermedades raras o poco frecuentes, las enfermedades degenerativas y las patologías oncológicas.