Este protocolo es el único instrumento universal que aborda todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y tiene como objetivo prevenir y combatir eficazmente el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire.

Para ello, se requiere un enfoque amplio e internacional que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas, incluidas las de índole socioeconómica en los planos nacional, regional e internacional.

España forma parte de este protocolo desde el día 1 de marzo de 2002. Afganistán se sumó al mismo en febrero de 2017 formulando una reserva con su artículo 18. El protocolo entró en vigor para Afganistán el día 4 de marzo de 2017.

El Gobierno explicó que la reserva de Afganistán es “contraria al objeto y la finalidad” del protocolo, ya que “excluye la aplicación del régimen de retorno de las personas que son víctimas del tráfico, lo que constituye uno de los elementos centrales de este instrumento”.

Por ello, en la línea de lo realizado por otros países europeos y para poder preservar la seguridad de las víctimas de tráfico ilícito de migrantes, España objetó el pasado 26 de diciembre la reserva presentada por Afganistán.