Así lo demandaron distintas parlamentarias de Unidos Podemos en la Cámara Baja tras registrar 273 preguntas dirigidas al Gobierno, una por cada una de las medidas del acuerdo. Aseguraron que, tras las demandas feministas expresadas en las calles en la huelga de este jueves, “queremos legislar y poner propuestas encima de la mesa”.

Eva Sempere dijo que es “imperativo” legislar y presupuestar las medidas que se recogen en este Pacto de Estado, a las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a destinar 200 millones de euros.

FECHAS CONCRETAS

Por su parte, la diputada Ángela Rodríguez manifestó que quieren conocer las “causas verdaderas” por las cuales el Gobierno no ha puesto todavía en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También quieren saber las “fechas concretas” que el Gobierno baraja para implementar estas medidas y que se concreten las cuantías. “Menos lacitos y más dineritos”, subrayó esta diputada, recordando una de las consignas dirigidas al PP que las mujeres corearon este jueves.

Mar García Puig aseveró que la sociedad pidió este 8-M “en bloque” la puesta en marcha de estas medidas, que buscan erradicar la violencia de género, y Sofía Castañón sostuvo que es importante no poner el contador a cero cada año con los casos de violencia machista, sino sumarlos para ser conscientes de los “feminicidios”.

Desde Unidos Podemos siempre han mantenido que este Pacto de Estado era “insuficiente”, motivo por el cual se abstuvieron en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado mes de septiembre en el que se le dio luz verde.

SECTOR DE LOS CUIDADOS

Unidos Podemos también registró este viernes una proposición no de ley relativa al desarrollo del sector de los cuidados como una política de empleo, recuperación económica, social y de igualdad prioritaria.

Este texto insta al Gobierno a, entre otras medidas, poner en marcha un sistema público de cuidados y atención a la dependencia integrado, complementario y equiparable al sistema público de salud, así como elaborar en un año un plan de actuación para la puesta en marcha “paulatina y debidamente calendarizada” de una serie de medidas que garanticen los derechos en el sector de los cuidados.