Este dato fue apartado este miércoles en el Congreso por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, quien comparece esta mañana ante la Comisión de Justicia para dar cuenta de las memorias de su institución correspondientes a 2017 y 2016.

A este respecto, el responsable de la Fiscalía explico que en 2016 se mantuvo estable el número de diligencias urgentes incoadas, un total de 181.781 frente a las 180.639 de 2015.

En el mismo periodo, sin embargo, se incoaron 1.792.326 diligencias previas, lo que significó un descenso del 51% respecto de las incoadas en 2015.

Según el fiscal general, “esta disminución tiene su explicación en el impacto de las últimas reformas legislativas, entre las que se incluyó la retención de los atestados por la policía judicial en determinados supuestos”.

Sánchez Melgar indicó que la reforma se ha traducido en la reducción al 50% de los procedimientos por delitos contra la propiedad que se incoaban en los juzgados de guardia y eran inmediatamente archivados. Mientras que en 2015 constituían el 48% de los procedimientos incoados, en 2016 representaron sólo el 25%.

Para el fiscal general, "estamos en presencia de una descongestión de los juzgados que no ha significado, sin embargo, una disminución de la carga de trabajo de los fiscales”. Añadió que “especialmente ilustrativo” es el dato de las calificaciones presentadas por los fiscales en 2016, que ascendieron a 149.206, lo que supone una subida del 6% respecto del año anterior.