Camps solicitó en su queja la apertura de un expediente disciplinario a Garzón, al considerar que el juez había incurrido en irregularidades al excluir de la pieza que envió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia (TSJCV) fragmentos de conversaciones “claramente exculpatorios” sobre su persona.

También consideraba que la decisión de Garzón, quien en la actualidad se encuentra suspendido, de intervenir las comunicaciones mantenidas en la cárcel entre varios imputados del “caso Gürtel” y sus abogados fue “desproporcionada”.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el 10 de diciembre de 2009 archivar la queja alegando que la denuncia de Camps aludía a cuestiones de carácter jurisdiccional y, como tales, ajenas al ámbito competencial del Consejo.

Los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo han decidido ahora desestimar el recurso interpuesto por Camps, defendido por la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, y confirmar el archivo de la queja acordada por el CGPJ.

En la sentencia hecha pública hoy, los magistrados del Alto Tribunal, presididos por José Manuel Sieira, señalan que la decisión del CGPJ “debe considerarse correcta” porque “la actividad inspectora del Consejo ha de respetar la exclusividad que sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a jueces y magistrados”.

Por lo tanto, su actividad inspectora “debe limitarse a las disfunciones burocráticas de la organización judicial y a la constatación del cumplimiento de las obligaciones profesionales que estatutariamente corresponden a jueces y magistrados en su faceta de empleados públicos”.

La queja de Camps contra Garzón no denunciaba este tipo de disfunciones burocráticas sino que versaba sobre decisiones de naturaleza jurisdiccional que sólo pueden ser solventadas en los órganos jurídicos y no a través del CGPJ.

Camps se encuentra imputado en el TSJCV por un delito de cohecho impropio presuntamente cometido al aceptar regalos de las empresas del “caso Gürtel”. El Alto Tribunal valenciano debe, además, decidir si investiga a Camps y otros siete miembros de su administración por delitos electorales supuestamente cometidos en su relación con la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.