Ante las investigaciones abiertas por parte de la Comisión Europea acerca de si las regulaciones autonómicas en esta materia respetan las normas comunitarias sobre mercado interior, libertad de empresa y competencia, la Junta extremeña y el Cermi Estatal han resuelto actuar conjuntamente para acreditar, mediante la aportación de estudios, informes, dictámenes, etc., que las normativas que obligan a que exista personal de atención en las estaciones de servicio son plenamente acordes con el Derecho comunitario, "pues la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su no discriminación en el acceso a servicios es un mandato superior para la Unión Europea", indica el Cermi en una nota.

Esta estrategia de acción coordinada se ha definido en una reunión mantenida en la sede del Cermi Estatal, en Madrid, a la que asistieron por parte de la Junta de Extremadura la secretaría general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno, y la directora del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez-Pereda.

El Cermi recuerda que la Unión Europea ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que en su normativa propia, como la Carta de Derechos Fundamentales, la no discriminación hacia las personas con discapacidad es un deber de todas las instituciones europeas, por lo que "no se puede desentender de la protección y tutela de los derechos de esta parte de la ciudadanía europea, y ser sacrificados ante enfoques meramente economicistas y de puro mercado".

Como primera acción, el Cermi Estatal elaborará un informe general de situación para presentar ante la Unión Europea en el que quede documentada la procedencia de este esquema regulatorio y lleve a la Comisión "al convencimiento absoluto de que no choca contra el Derecho comunitario".

Para conocimiento de la opinión pública, el Cermi insiste en que "la Comisión Europea, como han recalcado recientemente sus portavoces oficiales, no ha abierto ningún procedimiento de infracción contra España por el asunto de las gasolineras desatendidas, y que las comunidades autónomas no tienen ningún motivo para revertir ni derogar las regulaciones vigentes favorables a los derechos de las personas con discapacidad".