En concreto, se trata de los títulos de técnico en mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y de técnico en mantenimiento de embarcaciones de recreo. Los reales decretos determinan, para cada título, su identificación, su perfil y entorno profesional, la prospectiva del título en el sector, las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destacó que el sector náutico español está pasando por una fase de especialización y adaptación tecnológica, en la que impactan nuevos procedimientos como el ‘refit’ o modificación de todo tipo de embarcaciones deportivas, los nuevos diseños de cascos y el uso de nuevos materiales compuestos.

En este sentido, explicó que las tendencias en el sector náutico “parecen demandar mayor movilidad laboral” y la apertura económica global obliga a “formar profesionales con alto valor polivalente para adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector”.

Ambos títulos preparan al estudiante para adquirir las competencias necesarias para adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos; actuar con responsabilidad y autonomía; aplicar los protocolos y medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental, procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y crear pequeñas empresas.

El Gobierno prevé que los impactos sobre la infancia y la adolescencia y sobre la familia son positivos para ambos títulos, dado que los alumnos tendrán por regla general entre 16 y 18 años, y que al finalizar obtendrán un título que les facilitará un puesto de trabajo en sectores en crecimiento.

Asimismo, valoró que “es positivo el impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, puesto que “establece la necesaria inclusión en el currículo de elementos para la formación en ‘diseño para todas las personas’”, así como la “obligación para las administraciones educativas de garantizar la accesibilidad al ciclo formativo de las personas con discapacidad”.