Así se expresaron los consejeros de Servicios Sociales a la entrada del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que preside la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y que tiene previsto aprobar, entre otras cuestiones, el nuevo baremo de discapacidad.

“Este Consejo vale más por lo que no tiene que por lo que tiene”, aseguró el consejero de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura, José María Vergeles, quien, al igual que sus homólogos de las diferentes comunidades gobernadas por el PSOE, echo en falta que hoy no se aborde la gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines de interés social, la situación de los menores extranjeros no acompañados y la aplicación del bono social.

En este sentido, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Aragón, María Victoria Broto, recordó que, tras la modificación del modelo de gestión de la ‘X Solidaria’ el año pasado “tuvimos que llevar a cabo todo el procedimiento muy tarde” y, por ello, “pensamos que en este momento las comunidades autónomas tendríamos que saber ya con cuánto dinero contamos”.

Asimismo, añadió que es un tema que es “fundamental para nosotros y para las entidades del Tercer Sector” y, de igual modo, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, lamentó que en este Consejo se podría haber acordado “de qué manera se va a poder desarrollar en 2018”.

Respecto al bono social, la consejera de Castilla-La Mancha recordó que su comunidad ha recurrido y ha sido “admitido a trámite por el Tribunal Supremo”, pero no se debe a que “estemos en contra del bono social”, sino de “la forma en la que se ha gestionado y tramitado”, puesto que “supone un incremento de gestión para todas las comunidades autónomas y un incremento presupuestario que no está previsto”.

INFORME LEY DE DEPENDENCIA

Sánchez mostró también su preocupación por la situación de los menores extranjeros no acompañados y argumentó que “el Gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto para poderlos atender bien”, porque “hay que dar una respuesta coherente y coordinada”.

“Aproximadamente hay un centenar de 'menas' en Castilla-La Mancha, pero es que en 2017 se han duplicado con respecto al año anterior”, alertó Sánchez, que añadió que “tenemos que tener en cuenta que a partir de 16 años necesitan una atención que se adapte a las necesidades de su país y eso la legislación nacional no lo tiene en cuenta”, por lo que “solicitaremos al Gobierno una modificación de la legislación pertinente para que se adapte a las necesidades de los menores extranjeros”.

Por último, la consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias, Pilar Varela, afirmó que piensa “lo mismo” que sus homólogos con respecto a los temas que no se han tratado e hizo hincapié en que preguntará “qué ha pasado con el informe que hemos elaborado sobre la Ley de la Dependencia que dice que el sistema de la Dependencia requiere un sistema de financiación diferente”, porque “las comunidades autónomas estamos asumiendo el 80% del coste y el Gobierno entre el 17% y el 20%”.