Esa es, precisamente, una de las peticiones que recoge el quinto informe de seguimiento de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) que acaba de publicar el Consejo de Europa.

Sobre esta cuestión, el secretario de la organización, Mikel Mazkiaran, insiste en la preocupación de su organización porque, aunque “parece no aumentar el número de delito de odio, existen toda una serie de actuaciones discriminatorias que están enquistándose en nuestra vida diaria, normalizando prácticas que como la discriminación en el acceso al mercado de alquiler de vivienda o al mercado de trabajo o las identificaciones por perfil étnico, no deberían tener cabida en nuestra sociedad”.

Esa discriminación “de baja intensidad”, añadió, supone “el caldo de cultivo para la aparición de posiciones políticas y sociales" que "ahondan en la división social a través del señalamiento de colectivos vulnerables que ya forman parte de una sociedad diversa en la que la racialización y la diversidad son hechos que debemos aprender a gestionar”.

De entre las recomendaciones que formula la ECRI, la organización española destaca especialmente la necesidad de aprobar una ley integral contra la discriminación y por la igualdad de trato y “el ridículo” que España está haciendo en Europa, tras 18 años desde su exigencia legal, por no contar con un organismo supervisor de la discriminación verdaderamente independiente.