Los socialistas volverán a reclamar el traslado de los restos de Franco, como piden en su reforma de la Ley de Memoria Histórica, de la que se han cumplido 10 años desde su promulgación.

Los dirigentes de la Ejecutiva Federal del PSOE que se desplazarán al monumento propiedad de Patrimonio Nacional son el secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló; el responsable de Transparencia y Democracia Participativa, Odón Elorza, y el encargado de Memoria Histórica, Fernando Martínez.

Demandarán que, conforme a la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica que anunció en diciembre el secretario general, Pedro Sánchez, este paraje “deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y se reconvierta en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, según recordó el PSOE en un comunicado.

El PSOE plantea la anulación de dos normas franquistas –el decreto del 1 de abril de 1940 y el decreto-ley del 23 de agosto de 1957–, así como el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos y los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar “no preeminente del recinto o al que designe su familia”.

Los socialistas también proponen la creación de un banco nacional de ADN, en el que queden guardadas las pruebas biológicas de los descendientes de víctimas de la Guerra Civil o el franquismo, para que cuando se recupere algún resto se le pueda poner nombre y apellidos.

Estas medidas constan en la proposición de ley registrada en diciembre por el PSOE en el Congreso para la reforma de la Ley de Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

En dicha reforma normativa se recoge que el Centro Nacional de Memoria será un lugar de información, conocimiento, identificación, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados; que dispondrá, asimismo, de una dotación económica específica a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas, previa solicitud al efecto.

Según reconoce el propio Ejecutivo, se destinan 1,8 millones de euros anuales al mantenimiento del Valle de los Caídos.