Durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta Queiruga hizo hincapié en la situación que atraviesan las entidades del Tercer Sector tras la aprobación del nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF para fines de interés social, que se modificó tras una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció las competencias autonómicas de las comunidades en esta materia.

Se aprobó un nuevo modelo que fijaba que del total recaudado a través de la casilla del IRPF destinada a fines de interés social, el 80% sería gestionado por las comunidades autónomas y un 20% por el Estado.

En este sentido, Queiruga declaró que cree que “poco a poco pasará a estar el 100% en las comunidades autónomas”, por lo que defendió que hay que buscar “un nuevo modelo de financiación para las entidades del Tercer Sector Social y específicamente de las personas con discapacidad”.

Por ello, planteó “aumentar del 0,7% al 1% la capacidad del contribuyente, asignando un 0,7% al tramo autonómico y un 0,3% al tramo estatal” y “diseñar un modelo sobre un marco jurídico solido que garantice su estabilidad”. Considera que así se aumentaría la recaudación y se dejaría lo que a día de hoy sería el 100% de la ‘X Solidaria’ para que lo gestionen las autonomías y así el Estado podría distribuir ese porcentaje adicional.

El senador socialista Nemesio de Lara dijo que la del presidente de Cocemfe es una “buna sugerencia”, aunque aseguró que teme que si se aumentase la contribució al 1%, las comunidades autónomas volvieran a reclamar en un futuro la gestión total alegando “las mismas rezones” y “volviera a repetirse”.

“AGENDA POLÍTICA EXTENSA”

Durante su intervención, Queiruga afirmó que “la agenda política de la discapacidad es extensa”, ya que contiene temas que han surgido “acordes a los nuevos tiempos” y temas “históricos” como la garantía de la accesibilidad universal, la eliminación de la educación segregada, el “copago confiscatorio” o la “reforma de la Ley de Propiedad Horizontal”.

Asimismo, hizo hincapié en la figura del asistente personal, del que señaló que “es un elemento fundamental para que las personas con discapacidad y necesidad de apoyos puedan diseñar su modelo de vida” y defendió que “tal vez sea necesario crear en el Estatuto de los Trabajadores una nueva relación laboral de carácter especial”. “Entendemos que no debe existir una formación ‘reglada’ para esta figura”, añadió.

Por último, con respecto a la situación laboral de las personas con discapacidad, Queiruga pidió “el desarrollo de una Ley General de Empleo” que tenga “la obligación de revisar y poner en marcha medidas que palien esta situación” y sobre los centros especiales de empleo lamentó que “no pueden ser el reconocimiento del fracaso de que la empresa ordinaria no pueda ser fuente de empleo, en condiciones de igualdad, para las personas con discapacidad”.